El asambleísta Galo Lara (PSP) elaboró ayer su defensa y reiteró las acusaciones de que “Rafael Correa dirige, protege y engríe la corrupción desde Carondelet”.

La posible falta de votos hizo pensar a legisladores del oficialismo que el levantamiento de la inmunidad al legislador Galo Lara (PSP) sea vía resolución, con lo que solo requeriría la mayoría simple (mitad más uno de los presentes).
Un aparente vacío legal en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en las que no constan disposiciones expresas sobre con cuántos votos se podrá autorizar a los órganos de justicia iniciar causas penales contra legisladores, sería el fundamento para que se aplique esta propuesta que entró a discusión en la reunión de bloque de Alianza PAIS (AP) de la tarde de ayer.
El pleno de la Asamblea conocerá el pedido hecho por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el cual se solicita la autorización para iniciar la causa penal por injurias propuesta en contra de Lara por Ximena Ponce, ministra de Inclusión Económica y Social.
Luego se analizará la solicitud de la Segunda Sala de lo Penal de la CNJ, dentro de la querella planteada por el presidente Rafael Correa por asegurar Lara que desde Carondelet se defiende la corrupción.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), dijo ayer que no está claro con cuántos votos se pueda levantar la inmunidad a un legislador. Precisó que no hay una disposición constitucional ni legal que hable de mayoría absoluta. Pero dijo que “las mayorías no regladas se entienden por mayoría simple. Ojalá estemos los 124 asambleístas para que no haya dudas”, afirmó Cordero.
La coordinadora del bloque de AP, Paola Pabón, fue más directa. A su juicio, el pronunciamiento de la Asamblea sobre este tema debe ser vía resolución y con la mitad más uno de los presentes.
En tanto que para la legisladora Pamela Falconí (AP) se requerirían 63 votos para mantener la legitimidad. No obstante, insistió en que a través de la inmunidad no se pueden cometer excesos. “Cuando usted habla de jefe de una banda de corrupción se articula que existe un mecanismo de corrupción”.
Según Lara, este tipo de contradicciones, en las que incluyó las declaraciones del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, sobre la posibilidad del levantamiento de la inmunidad por el ministerio de la ley, son muestra del miedo que tiene Correa por sus denuncias.
Sin embargo, ratificó su optimismo porque según sus cálculos tiene más de 70 votos para no dar paso a este requerimiento judicial.
Su coideario Fausto Cobo (PSP) cuestionó la propuesta de AP al asegurar que para que el presidente de la República sea enjuiciado se requieren las tres cuartas partes de los votos del pleno. “Qué corona tiene el jefe de Estado para que él se levante la inmunidad con 83 votos y a un legislador con mayoría simple. Ese sería otro abuso del Gobierno”, dijo.
Enrique Herrería (antes de MG) puntualizó que según la Constitución, los ministros de Estado para que sean enjuiciados políticamente se requieren 83 votos, por lo que no es posible que los asambleístas que tienen un rango superior al ser elegidos por votación popular se les quiera quitar sus derechos con mayoría simple.
Ayer, Galo Lara volvió a insistir en sus declaraciones y se ratificó en que “no hay acuerdos por la democracia para comprar conciencias, señor presidente, aquí hay una sólida oposición al régimen que está dirigido por Rafael Correa, una corrupción que él la dirige y la protege desde Carondelet”.
La querella del presidente en su contra dijo que es infundada e improcedente y que no reúne los requisitos legales.
Antecedentes: Otro pedido
El 3 de diciembre del 2009, el pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad negar el pedido de levantamiento de inmunidad contra Jorge Escala, solicitado por Édison Vallejo, exdirector de la Dinse, por supuestas injurias.
*QUITO
Publicado el 8 de diciembre del 2011 en el Diario El Universo
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