INMUNIDAD: ¿PATENTE DE CORSO?

Asambleísta Galo Lara

Desde el retorno a la democracia en el país, las Constituciones han garantizado la protección civil y penal de los “padres de la patria”

Galo Lara Yépez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), se convertirá mañana en uno de los casi 30 diputados y asambleístas ecuatorianos que han estado a punto de perder o han perdido su inmunidad parlamentaria desde el retorno a la democracia en el país.

Diputados y asambleístas han caído en el ojo del huracán por haber denunciado desde presunta traición a la patria, hasta corrupción de presidentes.
Todo esto ha sido denunciado amparados en la inmunidad parlamentaria, un derecho que consta en Constituciones de antes y de ahora, que señala que los asambleístas (exdiputados) no serán civil ni penalmente responsables por votos y opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones, salvo en caso de delitos flagrantes.

Según dijo hace algún tiempo a BLANCO Y NEGRO el exdiputado y experto en temas constitucionales Antonio Rodríguez: “La norma es la norma, y el buen o mal uso que se haga de ella es una cuestión de ética individual”.

En los archivos de la Asamblea Nacional no hay registro ordenado de los casos en que esa institución ha levantado la inmunidad a sus miembros, pero se calcula que lo ha hecho en unas 30 ocasiones en lo que va del retorno a la democracia: de 1978 a la actualidad.

CASOS en grupo o individuales. La polémica respecto de la inmunidad y, sobre todo, de la calidad ética de quienes la ostentan se manifestó con fuerza en 1997, luego del derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram , el 5 de febrero de ese año. Según publicó BLANCO Y NEGRO (www.hoy.com.ec/suplemen/blanco57/byn), el Congreso de aquel entonces dio paso al enjuiciamiento de 17 diputados con indicios de tener participación en la “red Peñaranda”, un imaginativo sistema en el que los diputados tramitaban fondos públicos de una cuenta especial de la Presidencia de la República, pero un considerable porcentaje iba a parar en sus bolsillos. Se señaló a Luis Peñaranda y al entonces diputado Santiago Bucaram (PRE) como los “cerebros” de esto.

Varios de los implicados huyeron, otros fueron detenidos y otros resultaron sobreseídos. Ante los hechos, la opinión pública se preguntó: “¿A quién protege la inmunidad parlamentaria?”.

Uno de los últimos casos en los que sí se levantó la inmunidad, fue el del diputado Víctor Junior León, a quien el Congreso privó a fines de la década pasada de este privilegio por pedido de la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ). El legislador fue acusado del asesinato de Eduardo Belisario Reyna, quien murió la madrugada del 26 de junio de 1999 por un disparo en una riña ocurrida durante una peña a la que asistió León.

Por presiones, supuestas amenazas y una presunta negociación con los hijos del fallecido, los familiares de la víctima retiraron la acusación particular. (NST)

Otros casos de diputados que se pusieron en la mira

En 1999, el diputado Franklin Delgado acusó de “vende patrias” a 20 legisladores; entre ellos, Regina Gordillo, Édgar Garrido y Rafael Dávila. Todo comenzó con el rumor de que el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, había negociado por $1 000 millones la firma de la paz con 20 diputados ecuatorianos. Este “negocio del siglo” lo propagó Delgado, y por ello los aludidos pidieron se le despoje de la inmunidad para enjuiciarlo, a lo cual no dio paso el Congreso.

En 2004, la Corte Suprema de Justicia pidió que se levantara la inmunidad al diputado Guillermo Haro (ID), por injuriar a las FFAA. Haro acusó al Ejército de haber provocado la explosión de la Brigada Blindada Galápagos, ocurrida en Riobamba el 20 de noviembre de 2002, e involucró a oficiales en el tráfico de armas con las FARC.

Según el constitucionalista Orlando Alcívar, cuando los diputados opinan en el Pleno del Parlamento o forman parte de una comisión legislativa, no pueden ser perseguidos ni civil, ni penalmente.

Sin embargo, a decir del actual presidente de la Asamblea, Fernando Cordero: “Los legisladores tienen amnistía para precautelar nuestras facultades fiscalizadoras, pero no es una patente de corso para insultar, calumniar y decir lo que nos da la gana”.

En el Pleno, 63 de 124 votos deciden la suerte de legislador

La inmunidad parlamentaria se ha consagrado en todas las Constituciones desde el nacimiento de la República en 1830.

En la actualidad, la solicitud de levantar la inmunidad, en este caso a Galo Lara por supuesto delito de injuriar al presidente Rafael Correa, es facultad de la Corte Nacional de Justicia. Lo debe hacer mediante oficio a la Asamblea, para que sea el Pleno el que decida a favor o en contra por mayoría absoluta: voto de 63 de los 124 asambleístas.

La votación se dará mañana, pues el presidente del Parlamento, Fernando Cordero, convocó ayer a sesión para ello. La Segunda Sala Penal de la CNJ remitió el oficio el 10 de noviembre, por lo que el plazo de 30 días que manda la Constitución (art. 128) para que se pronuncie la Asamblea concluye este sábado, lo que, de no ser tratado, implicaría que Lara quede sin inmunidad por el ministerio de la Ley.

Correa se dice injuriado porque en la transmisión en vivo realizada por el canal RTU de la sesión 119 de la Asamblea, en su intervención, el asambleísta Lara, “de forma evidentemente perversa y descontextualizada”, concluye: “No hay acuerdos por la democracia para comprar conciencias, señor presidente, aquí hay una sólida oposición al Régimen que está dirigido por Rafael Correa, una corrupción que él la dirige y la protege desde Carondelet”.

*Publicado el 07 de Diciembre del 2011 en el Diario Hoy